Si Palma limita el precio del alquiler, una parte se pagará con dinero negro
La pretensión del Ayuntamiento de Palma de impulsar un control efectivo de los precios de alquiler de las viviendas genera el riesgo de fomentar la circulación de dinero negro en el ámbito del mercado inmobiliario. Así lo considera la organización patronal Pimem, y lo hace apelando a un caso concreto: si la cantidad máxima que el propietario puede cobrar a su inquilino es de 900 euros, se darán situaciones, según Pimem, en las que el arrendatario "pagará en B unos 300 ó 400 euros extra" al dueño, mientras que este, a su vez, dejará de abonar los impuestos correspondientes.
La patronal considera que la limitación de los precios de alquiler fomentará que parte del coste de los arrendamientos se cubra con dinero negro, generando una pérdida en las recaudación tributaria de la Administración. Al mismo tiempo, Pimem ha alertado de que una medida de estas características "no está funcionado en ciudades similares a Palma", en las que, en su momento, se han llevado a cabo actuaciones en este sentido.
"Cuando se limita un precio máximo lo que crece es un mercado secundario que facilita el pago y cobro en B, generando un mercado negro de sobrepagos por alquiler donde la parte que percibe el propietario no tributa", ha insistido la organización empresarial, cuyo presidente, Jordi Mora, ha advertido de que si esta iniciativa sale adelante, otra de las consecuencias directas será que "los propietarios pedirán más garantías a sus inquilinos" y, al mismo tiempo, "la tensión en el mercado provocará especulación".
Básicamente, el planteamiento de Pimem es que si ya en estos momentos, en el caso de determinados colectivos de población, resulta complejo acceder a una casa en alquiler a causa de los numerosos requisitos que se ven obligados a satisfacer, la entrada en vigor de una Ley que recorte los ingresos de los arrendatarios pondrá todavía más difíciles las cosas a estos usuarios.
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